Cada vez ocurre más amenudo, en diversos países de América Latina se viene practicando desde varios años atrás una práctica humillante y vejatoria contra delincuentes aprehendidos infraganti.
Principalmente en Honduras y Guatemala se vienen realizando juntas vecinales para evitar delitos, sobre todo en poblaciones donde la policía no llega, o llega muy de vez en cuando. Esta práctica puede ser legal y justificada, el problema es que no se limitan a llamar a la policía sino que imparten la justicia que consideran oportuna.
A veces se queda en latigazos y golpizas de mayor o menor intensidad, pero desgraciadamente se está extendiendo la costumbre de rociar de gasolina al delincuente y prenderle fuego por un largo tiempo, a veces hasta la muerte. Como ocurrió con Esther.
Generalmente es el agraviado o el jefe de la junta vecinal quien decide el castigo y la intensidad y duración de este, pero en ocasiones la turba de vecinos es tal que la situación se les va de las manos y el escarmiento termina en un cruel asesinato.
Luego ya sabemos lo que ocurre, los más sádicos justifican sus acciones argumentando que el ojo por ojo es lo único que funciona para frenar el sicariato y las extorsiones. Y los arrepentidos se ponen a llorar, a pedir perdón y hasta van a misa a confesarse y a pedir perdón a diosito.
Eso sí, unas semanas después vuelven a participar en la turba pidiendo la pena máxima para el delincuente aprehendido infraganti. La culpa por haber participado en tan exacrable crímen puede menos que la ira, el odio y los deseos de venganza contra el delincuente.
Después otro delincuente muerto y el arrepentimiento cada vez menor de los asistentes y participantes. Porque está demostrado que la violencia no sólo genera más violencia, sino que acaba con la hempatía de las personas, hasta el punto que poco a poco lo ven como algo cotidiano e intrínseco a su comunidad.
En esas comarcas alejadas de las grandes urbes la repulsa por estos actos es cada vez menor. En un primer momento se pedía policía para frenar la criminalidad, ahora se tira la toalla y sólo se pide vendetta contra el delincuente.
Desgraciadamente esto no sólo ocurre en Guatemala y Honduras, países pobres con pocos recursos institucionales para erradicar la violencia. Si no que también sucede en naciones como Colombia, Perú o Venezuela, donde se dilapida el dinero en vehículos y armamento para policías en las grandes ciudades, al mismo ritmo que se limitan los recursos policiales en poblaciones rurales.
Es decir, todos los recursos del Estado para la seguridad de los centros financieros y residenciales donde hacen vida los ricos y los poderosos, y nada para los suburbios, los conos y las áreas rurales.
Así aumenta el sicariato y la extorsión en áreas marginales donde la policía ni se atreve a transitar. Y todo esto ante la impasividad de los gobernantes que con que haya seguridad en sus barrios se sientes felices y satisfechos de su gestión.
Lo peor de esta situación es que se repite constantemente y los medios de comunicación apenas lo comentan. Lo ven como algo común y cotidiano que carece de relevancia porque sucede en áreas marginales.
La culpa es de los gobiernos de estos países que no destinan recursos para paliar la delincuencia en zonas marginales.
Pero también de los países desarrollados que cooperan en materia cultural pero no en materia de seguridad ciudadana, cuando es mucho más necesario luchar contra la delincuencia que donar dinero para restaurar iglesias y centros turísticos.
De todos los asesinatos contra delincuentes el más violento y salvaje fue el que se cometió en Santa Rosa, Guatemala.
Esther Orozco Gómez, de 14
años, fue agredida y quemada viva por una turba que la acusó de dispararle a
un conductor de moto taxi.
Para un grupo del municipio de
Nueva Santa Rosa, Esther fue quién disparó el arma contra el piloto. A ella la
capturaron, la arrastraron del pelo, la abofetearon, la patearon, le rociaron
gasolina, arrojaron un cerrillo y entre el fuego “aplicaron su propia
justicia”. Luego se dijo que quien mató al conductor fue otro joven, pero ya era demasiado tarde.
Esther está muerta y el asesino se mofa de los vecinos, de la policía y de la justicia. Un año después de estos hechos el asesino sigue libre y el caso está cerrado por la imposibilidad de encontrarle. Es decir, saben quien fue pero no le pueden detener porque no hay medios materiales ni personales para capturar a sicarios.
Son tantos los casos en los que la policía no haya a los asesinos que la gente trata de tomarse la justicia por su mano. Aunque en ocasiones se equivoquen de persona.
En el vídeo que circuló por la red aparecía un agente de la policía tratando de ayudarla; ella subiendo a la
patrulla y en otra cayendo al suelo con el fuego envolviendo su cuerpo delgado.
Detrás estaba un grupo de hombres identificados como pilotos de mototaxis.
Julio Samayoa, uno de los médicos que la trató en el Hospital
Regional de Cuilapa, explicó que la joven murió por una infección que surgió
luego de que el tejido muerto se extendiera por sus extremidades, sus pulmones
se llenaran de líquido y su corazón no resistiera, un shock séptico.
Cinco días resistió en el
intensivo. Dos custodios policiales estuvieron cerca de ella porque fue abierta
una investigación en su contra. Cuando estuvo consciente nunca habló de lo que
le había pasado. Solo mencionaba que tenía hambre y que el cuerpo le dolía.
Habla la abuela
El 1 de diciembre, a las 3 de
la tarde Gregorio Gutiérrez Lima, de 33 años, se bajó del mototaxi que conducía
cuando escuchó un disparo. Bedelyn Esther Orozco Gómez de 14 años a toda prisa
descendía de otro y corría para huir de una turba que intentaba lincharla por
supuestamente atacar a un conductor. Gutiérrez fue quién roció de gasolina a la
adolescente cuando supo del ataque contra su colega.
Cinco días antes, la joven
salió de su casa en la colonia Ciudad Real, en la zona 12 de Villa Nueva. El 26
de noviembre fue la última vez que su familia la vio reír. Ese día salió con su
hermano y su cuñada a comprar la ropa que a finales de año venderían en la
costa sur del país.
A su abuela, Olga Gómez de
Carrillo, le cuesta hablar de lo que pasó. Dice que su esposo no quiere que den
ninguna información. Están tristes. Bedelyn tenía dos hermanos menores. Cuando
uno de ellos escucha su nombre, se envuelve en una manta y se recuesta en el
sillón. Se tapa la cara.
Su casa está llena de flores.
En las ventanas, la puerta y las gradas al segundo nivel. De Carrillo se
recuesta sobre la pared y recuerda: “Cuando vinieron de comprar la ropa,
después de las cuatro y media sonó su celular. Yo lo único que oí fue que ella
dijo ahorita acabo de venir, lo dijo toda afligida. Fue lo último que
escuché de ella”.
Cuando Bedelyn fue retenida
por la turba, momentos antes de ser quemada, según los medios de comunicación
que reportaron el hecho, dijo que recibió una llamada desde la cárcel, donde un
hombre la amenazaba con que mataría a su familia sino participaba en el
atentado. El Ministerio Público confiscó su teléfono y rastrea las llamadas.
Su abuela relata que al llegar
la hora en que acostumbraban irse a la iglesia, llamó a su nieta, pero ya no la
vio. Mandó a sus hermanos a buscarla, pero no la encontraron. Cuando regresaron
la madre de Bedelyn ya estaba allí. Preguntaron por ella y no tenían respuesta.
El jueves por la mañana acudieron a la policía para denunciar su desaparición.
“Nosotros pidiéndole a Dios
que no le pasara nada, que la guardara. Día lunes en la noche fue que me
llamaron, me dijeron que había ingresado al hospital con quemaduras. Mi hija,
cuando escuchó eso empezó a decir Díos mío que no sea lo que estoy pensando,
peor si la mandaron a hacer algo y la quemaron. La noticia de una turba
quemando a una adolescente en Santa Rosa ya se difundía por las radios con
cobertura nacional.
¿Por qué estaba en Santa Rosa?
“Saber qué pasó. Más que todo yo digo que en la escuela la contactaron, porque
después ella tenía miedo de ir a estudiar, yo la tenía que ir a dejar y a
traer. Estudiaba un colegio que se llama Fuente de Juventud, en primero básico.
Pero nunca dijo por qué tenía miedo. A mi hija le decía que nos fuéramos a
vivir lejos de aquí, lejos, pero no decía por qué”, señala.
Luego de enterarse de que su
nieta falleció dijo que esperan que quién la agredió sea castigado. “Yo le
pedía a Dios que el muchacho (el tuctuquero herido) no se muriera, para que
dijera quién fue que le disparó. Y ya lo dijo. No fue mi nieta. Él declaró que
no fue ella”, añade.
Pero el recuerdo y la imagen
de lo que le sucedió no se borra de su mente. Todos lo vieron. “Es triste, es
horrible, horrible ver como la sacaron en la prensa, en llamas, saber que la
habían arrastrado del pelo, y que toda la gente pedía que la quemaran. Qué
maldad. Mi muchachita”, aprieta los ojos y con la voz más baja dice: “Mi Bede…
a mí hija le gustaba decirle periquita”. El 31 de diciembre cumpliría 15 años.
El nuevo sospechoso y el
asesino de Bedelyn
El informe que los agentes de
la Policía Nacional Civil redactaron cuando los hechos sucedieron, detalla que
un menor de edad fue el responsable de atacar al piloto del mototaxi. El
documento, poco científico, describe que “según la versión de curiosos, dos
personas de sexo femenino, quienes se conducían como pasajeras fueron las responsables”.
Pero las primeras
investigaciones del Ministerio Público descartan que Bedelyn Orozco Gómez
disparara el arma. De acuerdo con el MP, el principal sospecho del ataque es un
presunto pandillero, un menor de edad apodado El Iguana. Como pruebas tiene los
relatos de testigos.
Gregorio Gutiérrez Lima,
detenido por arrojarle gasolina a Bedelyn, fue enviado a prisión preventiva por
el delito de intento de asesinato en circunstancias agravantes.
